Desamortización

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924).

Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa, y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar, en poder de las llamadas «manos muertas», es decir la Iglesia Católica o las órdenes religiosas que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. También los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Por ejemplo en México, la Ley Lerdo es el sobrenombre con el se conoce "La Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México" y fue expedida el 25 de junio de 1856, por el presidente Ignacio Comonfort.

Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.

La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.

Fue realizada en los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766 y 1808. Se incluye la desamortización de Godoy y el ministro Miguel Cayetano Soler entre 1798 y 1808. Fue iniciada en 1798 cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunto venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares.
José I Bonaparte realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.

Durante el Trienio liberal (1820–1823) se llevaron a cabo otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como esta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal. Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.

La de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres.

Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero pagables en cambio por las oligarquías muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.

Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo.

Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros

El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente, Baldomero Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular, proyecto que elaboró Pedro Surra Rull. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.

En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intentó restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma del Concordato de 1851.