Desamortización

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924).

Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa, y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar, en poder de las llamadas «manos muertas», es decir la Iglesia Católica o las órdenes religiosas que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. También los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Por ejemplo en México, la Ley Lerdo es el sobrenombre con el se conoce "La Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México" y fue expedida el 25 de junio de 1856, por el presidente Ignacio Comonfort.

Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.

La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.

Fue realizada en los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766 y 1808. Se incluye la desamortización de Godoy y el ministro Miguel Cayetano Soler entre 1798 y 1808. Fue iniciada en 1798 cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunto venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares.
José I Bonaparte realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814.

Durante el Trienio liberal (1820–1823) se llevaron a cabo otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como esta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal. Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.

La de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores) fueron relativamente pobres.

Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero pagables en cambio por las oligarquías muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.

Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo.

Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros

El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente, Baldomero Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular, proyecto que elaboró Pedro Surra Rull. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.

En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intentó restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma del Concordato de 1851.

Guerra de Cuba

Tras la expansión e invasión de los Estados Unidos en los antiguos territorios de México durante la primera mitad del siglo XIX, las grandes potencias mundiales se disputaban a finales de ese siglo las colonias por razones de economía. Un país era más poderoso en tanto su influencia y moneda se hacían sentir en más territorios y colonias.

Por otro lado, las boyantes economías experimentaron en el último tercio del siglo una crisis de crecimiento al quedar inundados los mercados internos. Se imponía la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales e incorporar nuevos territorios que absorbiesen la producción industrial y produjesen materias primas a las nuevas industrias.

Así, en la Conferencia de Berlín de 1884 las potencias europeas decidieron repartirse sus áreas de expansión en el continente africano, con el fin de no llegar a la guerra entre ellas. Otros acuerdos similares delimitaron zonas de influencia en Asia y especialmente en China, donde se llegó a diseñar un plan para desmembrar el país, que no pudo llevarse a cabo al desatarse la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, los acuerdos no acabaron por eliminar completamente las fricciones entre las potencias. A finales del siglo XIX, se sucedieron las disputas por determinados puertos y fronteras cuya delimitación no estaba clara, sobre todo en África. Ejemplos de esto son el incidente de Fachoda entre franceses y británicos, las disputas germano-portuguesas por el puerto mozambiqueño de Kionga, el ultimátum lanzado por los ingleses contra la expansión portuguesa en Zambia y la polémica desatada entre franceses, británicos, alemanes y españoles por el dominio de Marruecos.

Los Estados Unidos, que no participaron en el reparto de África ni de Asia, fijaron su área de expansión inicial en la región del Caribe y, en menor medida, en el Pacífico, donde su influencia ya se había dejado sentir en Hawái y Japón. Tanto en una zona como en otra se encontraban valiosas colonias españolas (Cuba y Puerto Rico en el Caribe, Filipinas, las Carolinas y las Marianas en el Pacífico) que resultarían una presa fácil debido a la fuerte crisis política que sacudía su metrópoli desde el final del reinado de Isabel II. En el caso de Cuba, su fuerte valor económico, agrícola y estratégico ya había provocado numerosas ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses (John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y Ulysses Grant), que el gobierno español siempre rechazó. Cuba no sólo era una cuestión de prestigio para España, sino que se trataba de uno de sus territorios más ricos y el tráfico comercial de su capital, La Habana, era comparable al que registraba en la misma época Barcelona.

A esto se añade el nacimiento del sentimiento nacional en Cuba influido por las revoluciones francesa y estadounidense, el nacimiento de una burguesía local y las limitaciones políticas y comerciales impuestas por España que no permitía el libre intercambio de productos, fundamentalmente azúcar de caña, con los EE. UU. y otras potencias. Los beneficios de la burguesía industrial y comercial de Cuba se veían seriamente afectados por la legislación española. Las presiones de la burguesía textil catalana habían llevado a la promulgación de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1882) y el Arancel Cánovas (1891),[4] que garantizaban el monopolio del textil barcelonés gravando los productos extranjeros con aranceles de entre el 40 y 46%, y obligando a absorber los excedentes de producción.[5] [6] La extensión de estos privilegios en el mercado cubano asentó la industrialización en Cataluña durante la crisis del sector en la década de 1880, soslayando sus problemas de competitividad,[7] a costa de los intereses de la industria cubana, lo que fue un estímulo esencial de la revuelta.[8]

La primera sublevación desembocaría en la Guerra de los Diez Años (1868 - 1878) bajo la dirección de Carlos Manuel de Céspedes hacendado del oriente de Cuba. La guerra culminó con la firma de la Paz de Zanjón, que no sería más que una tregua. Si bien este pacto hacía algunas concesiones en materia de autonomía política y pese a que en 1880 se logró la abolición de la esclavitud en Cuba, la situación no contentaba completamente a los cubanos debido a su limitado alcance. Por ello los rebeldes volvieron a sublevarse de 1879 a 1880 en la llamada Guerra Chiquita.

Por otra parte, José Martí, escritor, pensador y líder independentista cubano, fue desterrado a España en 1871 a causa de sus actividades políticas. Martí en un principio tiene una posición pacifista, pero con el pasar de los años su posición se radicaliza. Es por esto que convoca a los cubanos a la guerra necesaria por la independencia de Cuba. Con tal fin crea el Partido Revolucionario Cubano bajo el cual se organiza la Guerra del 95.

La escalada de recelos entre los gobiernos de EE. UU. y España fue en aumento, mientras en la prensa de ambos países se daban fuertes campañas de desprestigio contra el adversario. En América se insistía una y otra vez en la valentía de los héroes cubanos, a los que se mostraba como unos libertadores luchando por liberarse del yugo de un gobierno y un país que era descrito como tiránico, corrupto, analfabeto y caótico. Por su parte, los españoles, que no tenían ninguna duda de la intención de EE UU. por anexionarse la isla, dibujaban a unos hacendados avariciosos y arrogantes, sostenidos por una nación de ladrones indisciplinados, sin historia ni tradición militar, a los que España debería dar una lección.

Cada vez parecía más inminente el desencadenamiento del conflicto entre dos potencias que otros países consideraban de segunda: una impetuosa, joven y todavía en desarrollo, que buscaba hacerse un hueco en la política mundial a través de su economía creciente, y otra vieja, que intentaba mantener la influencia que le quedaba de sus antiguos años de gloria. Los líderes estadounidenses vieron en la disminuida protección de las colonias, producto de la crisis económica y financiera española, la ocasión propicia de presentarse ante el mundo como la nueva América, la nueva potencia mundial, con una acción espectacular. De hecho esta guerra fue el punto de inflexión en el gran ascenso de la nación estadounidense como poder mundial, pero para su antagonista significó la acentuación de una crisis que no se resolvería hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando España finalmente logra recomponerse.

Historia del PSOE y de UGT

HISTORIA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE):
El PSOE se fundó clandestinamente en la madrileña taberna Casa Labra de Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias, con lo que es el partido político más antiguo de España con funcionamiento ininterrumpido hasta la actualidad.

El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año. Como partido obrero y de clase, el PSOE se adhirió a la II Internacional, que agrupaba a los partidos socialistas marxistas hasta su colapso ante la Primera Guerra Mundial.

El PSOE fue el segundo partido socialista y obrero que se fundó en el mundo (sólo el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, se había fundado con anterioridad), celebrando su primer congreso en Barcelona en 1888. En el Segundo Congreso del partido, en 1890, se decide la paraticipación en las elecciones, aunque no se logró representación parlamentaria hasta el 8 de mayo de 1910, cuando la Conjunción Republicano-Socialista permitió a Pablo Iglesias obtener 40.899 sufragios y el título de diputado a Cortes. Fue reelegido en 1914, en vísperas del asesinato de Jean Jaurés, con 21.956 sufragios, esta vez presentándose por Oviedo. El 9 de abril de 1916 repitió escaño con 18.054 sufragios. No sería hasta el 24 de febrero de 1918 tras la huelga general de 1917 que Iglesias, que obtuvo 27.694 votos, estuvo acompañado por primera vez por otros socialistas: Julián Besteiro, Andrés Saborit, Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano e Indalecio Prieto, miembros encarcelados del comité de huelga.


HISTORIA DE UGT:
En el año 1888, a las 10’30 horas del 12 de agosto, veintiséis hombres tomaban asiento en el salón del Círculo Socialista ubicado en la calle Tallers, 29, de Barcelona, para iniciar el Primer Congreso Nacional Obrero: Antonio García Quejido, Pablo Iglesias, Juan Serna, Basilio Martín Rodríguez, Pablo Roca, Pedro Botifoll, Ramón Cuñé, Constantino Amigó, Antonio Cortés, Juan Roca, Baldomero Carbonell, Rafael Orrioles, José Anguera, Toribio Reoyo, Salvador Ferrer, Cristóbal Uño, Antonio Torroella, José Sarcos, Ramón Perramón, Jaime Mora, Juan Matas, J. Castells, José Pons, Juan Boixader, Juan Palomero y Antonio Moliner. Estos 26 delegados, que representaban a 44 sociedades de oficios (28 de ellas de Cataluña y 16 a las provincias castellanas) y a un total de 5.154 afiliados, de los que 1.391 correspondían a la Federación Tipográfica Española, habían llegado animados por un empeño común: constituir la primera Organización nacional de sociedades obreras para defender sus intereses de asalariados frente a la patronal.

El Congreso duró hasta el día 14 y en la segunda sesión un tipógrafo llamado Pablo Iglesias Posse proponía que la nueva Organización obrera llevara por nombre "Unión General de Trabajadores de España". La sugerencia fue aprobada por el Congreso, que antes de cerrar sus sesiones eligió como presidente de la organización a un compañero de Pablo Iglesias, el también tipógrafo Antonio García Quejido, secretario a su vez de la Federación Socialista Madrileña.

La recién nacida UGT se organiza a base de Sindicatos de Oficio a nivel local y por Federaciones a nivel nacional, queda aprobado un programa de fijación de salarios mínimos, y se acuerda la petición de la jornada de ocho horas. La cuota de afiliación queda fijada en cinco céntimos. Como órgano directivo entre Congresos actúa el Comité Nacional. Así cristalizaban los deseos de miles de trabajadores que, a raíz de la aparición de la I Internacional (1864), venían dirigiendo sus esfuerzos a crear Asociaciones obreras basadas en la solidaridad y estructuradas en agrupaciones de oficios.

En torno a una de esas Asociaciones (la Asociación del Arte de Imprimir, de Madrid), y a una de sus figuras más destacadas, Pablo Iglesias, se nuclea la tendencia marxista que sería decisoria para la fundación del PSOE y la creación de UGT, su Organización hermana en el campo laboral. De hecho, pocos días después de la celebración de este Primer Congreso Nacional Obrero se celebra el Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que establecería como requisito para la militancia en el partido la pertenencia al sindicato recién creado.

Hasta finales de siglo, UGT experimenta un proceso de consolidación y va extendiendo su influencia a las diversas provincias españolas (particularmente por la cuenca minera asturiana y Vizcaya gracias a la labor de dirigentes como Varela y Vigil, Manuel Llaneza y Perezagua). En 1890 se celebra el II Congreso de UGT y por primera vez en España se celebra el 1º de Mayo (en Barcelona, Madrid y Bilbao). Con el cierre del siglo, UGT había pasado a tener más de 26.000 afiliados y para 1910, fecha de fundación de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), el número de afiliados al sindicato socialista alcanzaba los 43.000. Ese mismo año, Pablo Iglesias se convierte en el primer diputado obrero de España.

Soberanía compartida

Para los constitucionalistas más moderados, el rey todavía debe ejercer importantes poderes ejecutivos conjuntamente con el Gobierno que cuente con la confianza del parlamento, y de hecho proponen una soberanía compartida entre el monarca y el Pueblo (representado éste último por sus representantes políticos surgidos de elecciones democráticas).

Pablo Iglesias

Durante el Sexenio Revolucionario (1869-1875) la Internacional dio una serie de charlas en Madrid, a las cuales Pablo asistió, entrando a formar parte de la sección de tipógrafos en 1870. Tras esto, comenzó a sufrir persecuciones y despidos por parte de distintas imprentas hasta que en 1874 consiguió acceder a la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir. Desde este puesto comenzó a preparar desde la clandestinidad un nuevo partido político de corte obrero-socialista, que culminó el 2 de mayo de 1879 con la fundación del PSOE en la taberna Casa Labra, a la que asistieron 25 personas: 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor, dos joyeros, un marmolista y un zapatero.[2]

En 1885, tras abandonar la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir consiguió el máximo puesto en la Federación Tipográfica Española.

El 12 de mayo de 1886 sale a la luz el primer número de El Socialista, revista de corte obrero-sindicalista fundada por él mismo y que se continua editando en la actualidad.

En 1888 fundó la Unión General de Trabajadores, accediendo a su presidencia en 1889. Este mismo año acudió al Congreso fundacional de la Segunda Internacional como representante portavoz del PSOE.

En 1890 encabezó la primera manifestación del 1 de mayo en España, en que se exigía la jornada laboral de 8 horas y el cese del empleo de niños en actividades laborales. También en ese año celebró el II Congreso del PSOE, en que se decidió participar en las elecciones como partido republicano de corte obrero-socialista. De hecho en las elecciones de 1905 Pablo Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea salieron elegidos concejales por Madrid.

En 1908 fundó la Casa del Pueblo de Madrid.

En 1909 fue detenido 18 días en relación con los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, al firmar un manifiesto convocando a la huelga general.

En 1910 el PSOE consiguió su primer diputado de la historia en el Parlamento Español, cuyo sillón ocupó Iglesias y en sucesivas elecciones, en coalición con los republicanos, fue incrementándose el número de representantes.

En 1919 cesó parcialmente de sus obligaciones políticas a causa de una pulmonía y una salud cada vez más resentida.

En 1920 y 1921 el PSOE sufrió la escisión de dos grupos partidarios de adherirse a la Internacional Comunista (III Internacional) convocada por Lenin. Estos grupos (Partido Comunista Español y Partido Comunista Obrero Español, descontentos con la moderación del PSOE), acabaron fundando el Partido Comunista de España.

El 9 de diciembre de 1925 falleció en Madrid y su cadáver fue embalsamado y expuesto en la Capilla de la Casa del Pueblo de Madrid. 150.000 ciudadanos acudieron a su funeral.

Sagasta

Durante sus estudios de ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 1848, fue el único alumno de la Escuela que se negó a firmar un manifiesto en apoyo de la reina Isabel II de España

Inició su vida política en Zamora, en 1854, donde había sido nombrado Jefe de Obras Públicas. Allí recibe el cargo de presidente de la Junta Revolucionaria de la ciudad, siendo elegido ese mismo año diputado de las Cortes constituyentes. En 1858 vuelve a ser elegido diputado permaneciendo hasta 1863.

A partir de 1865 colabora en actividades revolucionarias con el general Prim en 1866, participa en la Sublevación del Cuartel de San Gil, motín organizado con el objetivo de destronar a la reina Isabel II. Por su participación en la citada revuelta fue detenido, juzgado y condenado a muerte, pero logra huir y exiliarse en Francia.
Regresa a España tras la Revolución de 1868, que supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático. En el gobierno provisional presidido por el general Serrano, es nombrado ministro de Gobernación.

Es miembro del Partido Constitucional, formado tras la muerte de Prim. En 1871, durante el reinado de Amadeo de Saboya, es nombrado presidente del Consejo de Ministros.

Presidió el Consejo de Ministros por segunda vez desde septiembre de 1874 hasta el final de ese año, en los meses previos a la Restauración Borbónica, durante el gobierno del general Serrano. En todo este periodo, inmerso en numerosas crisis sociales y políticas, fue el jefe del Partido Constitucional, la escisión del progresismo amparada por él.

Tras la restauración de los Borbones en la corona de España, en la persona de Alfonso XII, Sagasta funda en 1880 el Partido Liberal, partido que junto al Partido Conservador de Cánovas del Castillo constituiría el sistema bipartidista con alternancia en el gobierno que caracterizaría a la Restauración española durante el tramo final del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Durante este periodo, Sagasta presidió el gobierno en cinco ocasiones.

El 24 de noviembre de 1885, en vísperas de la muerte del rey Alfonso XII, Sagasta, como líder del partido liberal, firmó con Cánovas del Castillo, jefe del partido Conservador, el denominado Pacto de El Pardo, con el propósito de apoyar la regencia de María Cristina (embarazada del futuro rey Alfonso XIII) y garantizar así la continuidad de la monarquía ante la situación creada por la prematura muerte del monarca. En este pacto se sancionó el turno de gobierno entre ambas formaciones, y Cánovas se comprometió a ceder el poder a los liberales de Sagasta a cambio de que éstos acataran la Constitución de 1876. El 27 de noviembre, Sagasta formó un nuevo Gobierno, tal como se había acordado tres días antes. El turno instaurado en el Pacto del Pardo se prolongó hasta 1909. El pacto ya existía de forma implícita desde 1881, fecha en la que Sagasta asumió el poder por primera vez en el periodo de la Restauración.

Sagasta presidió el gobierno durante el conflicto hispano-estadounidense de 1898, denominado en España Guerra de Cuba, que supuso la pérdida de las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Derrota por la que tuvo inevitablemente que asumir la responsabilidad, lo que no impidió que le fuera nuevamente confiado el gobierno de la monarquía en 1901–1902.

Cánovas del Castillo

Político español, artífice del régimen de la Restauración (Málaga, 1828 - Santa Águeda, Guipúzcoa, 1897). Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, las inquietudes de este joven de origen modesto se dirigieron inicialmente hacia la literatura (en la que le apadrinó su tío, el escritor Serafín Estébanez Calderón) y sobre todo hacia la historia, dedicación esta última que no abandonó ni en los momentos álgidos de su vida política; escribió notables trabajos sobre los Austrias y la decadencia española, que le valieron el ingreso en la Academia de la Historia (1860). También fue miembro de la Real Academia Española (1867), la de Ciencias Morales y Políticas (1871) y la de Bellas Artes de San Fernando (1887).

Sus inquietudes intelectuales se canalizaron, además, a través del Ateneo de Madrid, que presidió en 1870-74, 1882-84 y 1888-89. A la política llegó a través del periodismo, trabajando desde 1849 en el diario de Joaquín Francisco Pacheco, líder del grupo «puritano» que representaba el ala más conciliadora del Partido Moderado. Esa vocación centrista quedó confirmada al integrarse en la Unión Liberal, partido creado por O’Donnell para interponerse entre moderados y progresistas.

Su primera responsabilidad política fue la redacción del Manifiesto de Manzanares, que hizo públicas las posiciones de los militares participantes en la llamada «Revolución de 1854» (O’Donnell, Serrano y Dulce). Luego fue ocupando puestos políticos de importancia creciente, como los de diputado en las Cortes constituyentes de 1854-56, agente de preces en Roma, gobernador civil de Cádiz, director general de Administración Local, subsecretario de Gobernación, ministro del mismo ramo (1864) y de Ultramar (1865-66).

Su actitud ante la insurrección de los sargentos del Cuartel de San Gil (1866) le costó el destierro a Palencia, permaneciendo apartado de todo protagonismo político hasta que estalló la Revolución de 1868, que destronó a Isabel II.

Durante el Sexenio Revolucionario de 1868-74, Cánovas asumió el liderazgo de una minoría conservadora en las Cortes, señalándose en los debates contra el sufragio universal y la libertad de cultos. Atacó tanto al régimen democrático de Amadeo de Saboya como a la Primera República que le sucedió, aprovechando los fracasos de ambos ensayos para consolidar su opción de restaurar la monarquía de los Borbones, pero no en la persona de la ex reina Isabel -cuyo descrédito había provocado la revolución-, sino en la de su hijo, a quien haría reponer como rey con el nombre de Alfonso XII.

Una vez que abdicó la reina madre en el exilio (1870), Cánovas consiguió plenos poderes para dirigir la causa monárquica (1873), mientras orientaba la educación del príncipe en Inglaterra y le hacía proclamar el llamado Manifiesto de Sandhurst, en el que trazaba las líneas directrices de una futura monarquía parlamentaria, liberal y moderada, llamando en su apoyo a todos los católicos y descontentos con la situación revolucionaria desvinculados del carlismo (1874).

Fue fortaleciendo paulatinamente la causa alfonsina en medios políticos y acrecentando la viabilidad de la restauración monárquica a medida que quedaba desacreditada la opción republicana; pero, en contra de su voluntad, el general Martínez Campos se le adelantó, proclamando al rey mediante un pronunciamiento militar en Sagunto (1874). Sin embargo, por primera vez en la historia de los pronunciamientos españoles, los militares no quisieron ocupar el poder, sino poner en él a Cánovas, como líder de los partidarios de la Monarquía: el último día de aquel año, Cánovas formó un gobierno que ejercería la regencia hasta la llegada de Alfonso XII, el cual confirmó al gabinete en 1875.

Alfonso XII

El 1 de diciembre de 1874, Alfonso hizo público el Manifiesto de Sandhurst, presentándose a los españoles como un príncipe católico, español, constitucionalista, liberal, y deseoso de servir a la nación.

El 29 de diciembre de 1874 se produjo la restauración de la monarquía al pronunciarse el general segoviano Martínez-Campos en Sagunto (Valencia) a favor del acceso al trono del príncipe Alfonso. En aquel momento, el Jefe del Estado era el general Serrano. El Jefe del Gobierno era Sagasta. En enero de 1875 llegó a España y fue proclamado rey ante las Cortes Españolas.

Su reinado consistió principalmente en consolidar la monarquía y la estabilidad institucional, reparando los daños que las luchas internas de los años del llamado Sexenio Revolucionario habían dejado tras de sí, ganándose el apodo de «el Pacificador». Se aprobó la nueva Constitución de 1876 y durante ese mismo año finalizó la guerra carlista, dirigida por el pretendiente Carlos VII (el propio monarca hizo acto de presencia y acudió al campo de batalla para presenciar su final). Los fueros Vascos y Navarros fueron reducidos y se logró que cesaran, de forma transitoria, las hostilidades en Cuba con la firma de la Paz de Zanjón.

Alfonso XII realizó, en 1883, una visita oficial a Bélgica, Austria, Alemania y Francia. En Alemania aceptó el nombramiento como coronel honorario de un regimiento de la guarnición de Alsacia, territorio conquistado por los alemanes y cuya soberanía reclamaba Francia. Este hecho dio lugar a un recibimiento hostil al monarca español por parte del pueblo de París durante su visita oficial a Francia.

Alemania trató de ocupar las Islas Carolinas, en aquel momento bajo dominio español, provocando un incidente entre los dos países que se saldó a favor de España con la firma de un acuerdo hispanoalemán en 1885.

Ese mismo año se desató una epidemia de cólera en Valencia que se fue extendiendo hacia el interior del país. Cuando la enfermedad llegó a Aranjuez, el monarca expresó su deseo de visitar a los afectados, a lo que el Gobierno de Cánovas del Castillo se negó por el peligro que ello entrañaba. El Rey partió entonces sin previo aviso hacia la ciudad y ordenó que se abriera el Palacio para alojar a las tropas de la guarnición. Una vez allí, consoló a los enfermos y les repartió ayudas. Cuando el Gobierno conoció el viaje del soberano, envió al Ministro de Gracia y Justicia, al Capitán General y al Gobernador Civil para que le llevasen de vuelta a Madrid. Cuando llegó, el pueblo, enterado del gesto del Rey, le recibió con vítores y, retirando a los caballos, condujo al carruaje hasta el Palacio Real.

Poco tiempo después, el 25 de noviembre, Alfonso XII murió de tuberculosis en el Palacio de El Pardo, en Madrid.

Nicolás Salmerón

Con la llegada de la República, fue ministro de Gracia y Justicia del gabinete de Estanislao Figueras y el 13 de junio elegido Presidente de las Cortes Generales.

Tras la dimisión de Pi i Margall, las Cortes Constituyentes le nombraron Presidente del Poder Ejecutivo con 193 votos contra 93 de Pi i Margall, el día 18 de julio de 1873.

La situación a la que se enfrentaba era especialmente crítica, lo que le llevó a rescatar de la reserva a diversos militares, como los generales Arsenio Martínez Campos (reconocido monárquico) y Manuel Pavía (de tendencia radical). Los cantones de Sevilla, Valencia y Cádiz cayeron en manos gubernamentales y, aunque las tropas cantonalistas de Cartagena se hicieron con un triunfo al tomar Orihuela, pronto fueron vencidos en Chinchilla y replegaron su avance. El 7 de septiembre de ese mismo año, Salmerón presentaba la dimisión alegando su negativa a firmar las condenas a muerte de unos militares que habían sido juzgados por colaborar con los cantonalistas. Algunos historiadores especulan con que su dimisión se debió a un conflicto interno en el seno de su partido, pues uno de sus miembros, Eduardo Palanca, se oponía por motivos personales a que el ejército tomara por asalto el cantón de Málaga, un asalto que el general Pavía no quería posponer más, so amenaza de dimitir. Ante la disyuntiva de enfrentarse a Palanca o a Pavía, el presidente habría optado por dimitir.

Dos días después de abandonar su puesto fue elegido Presidente del Congreso de los Diputados. Los enfrentamientos con su sucesor, Emilio Castelar, coadyuvaron involuntariamente al golpe de Estado del general Pavía que, con el de Arsenio Martínez-Campos el 29 de diciembre de 1874, daría lugar al fin de la primera experiencia republicana.

Amadeo I de Saboya

La Revolución de 1868 en España y la fuga de Isabel II dio lugar a un gobierno provisional presidido por Serrano, y del que estaban también formando parte los otros generales sublevados. El nuevo gobierno convocó Cortes Constituyentes, que con una amplia mayoría monárquica, proclamaron la Constitución de 1869, que establecía como forma de gobierno una monarquía constitucional. Una dificultad inherente al cambio de régimen fue encontrar un rey que aceptase el cargo, ya que España en esos tiempos era un país que había sido llevado al empobrecimiento y a un estado convulso, y se buscaba un candidato demócrata.

Finalmente encontraron a su monarca en la persona del duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, que lo reunía todo para el cargo: procedente de una antigua dinastía (enlazada con la española) progresista y católico.

Fue Amadeo el primer rey de España elegido en un Parlamento, lo que para los monárquicos de siempre suponía una grave afrenta. El 16 de noviembre de 1870 votaron los diputados: 191 a favor de Amadeo de Saboya, 60 por la República federal, 27 por el duque de Montpensier, 8 por el anciano general Espartero, 2 por la República unitaria, 2 por Alfonso de Borbón, 1 por una República indefinida y 1 por la duquesa de Montpensier, la infanta María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II; hubo 19 papeletas en blanco. De este modo el presidente de las Cortes, Manuel Ruiz Zorrilla, declaró: «Queda elegido Rey de los españoles el señor duque de Aosta».

Contó con el sistemático rechazo de carlistas y republicanos, cada uno por razones inherentes a sus intereses; pero también de la aristocracia, borbónica, que lo veía como un extranjero advenedizo, de la Iglesia, por apoyar las desamortizaciones y por ser el hijo del monarca que había clausurado los Estados Pontificios; y también del pueblo, por su escaso don de gentes y dificultad para aprender el idioma español.

Inmediatamente, una comisión parlamentaria se dirigió a Florencia para dar parte al duque; el 4 de diciembre acepta oficialmente esta elección, embarcando poco después rumbo a España. Mientras Amadeo I viajaba a Madrid para tomar posesión de su cargo, el general Juan Prim, su principal valedor, murió el 30 de diciembre por las heridas sufridas en un atentado tres días antes en la calle del Turco en Madrid.

Amadeo desembarcó en Cartagena el 30 de diciembre, para llegar a Madrid el 2 de enero de 1871. Allí se dirigió a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha para rezar ante el cadáver de Prim. Tras este amargo trago se trasladó a las Cortes, donde realizó el preceptivo juramento: «Acepto la Constitución y juro guardar y hacer guardar las Leyes del Reino», terminando el acto con la solemne declaración por parte del presidente de las Cortes: «Las Cortes han presenciado y oído la aceptación y juramento que el Rey acaba de prestar a la Constitución de la Nación española y a las leyes. Queda proclamado Rey de España don Amadeo I».

La llegada de Amadeo al poder lo único que consiguió fue unir a toda la oposición, desde republicanos a carlistas. Como ejemplo de ello baste reproducir unas líneas del discurso ante las primeras Cortes de la nueva monarquía del líder republicano Emilio Castelar (20 de abril de 1870)